Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a conseguir el control en cerca de veinte compañías utilizando indebidamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una JZ Internacional participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento comienza a formarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, incluyendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los creadores de JZI por falta de indicios delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y gestores en el ámbito del capital riesgo..
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